Óscar Palomo, Ministerio de Justicia: «La automatización va a ser la verdadera revolución, con o sin IA”

Óscar Palomo es coordinador de área en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Su labor se centra en la transformación digital de los servicios públicos, con la interoperabilidad como eje clave.

El pasado 9 abril participó en el debate “Transformación digital en la Justicia: innovación, inteligencia artificial y legaltech como motores de cambio”, en el marco del 11º Congreso Nacional de Recuperación Judicial organizado por CMS Europe.

¿Cómo se está aceptando la nueva versión 5.10 de Lexnet?

La recepción ha sido positiva, en general, y ya estamos trabajando en la 5.11. La automatización de procedimientos monitorios ha sido una oportunidad para ganar eficiencia. Desde el punto de vista del órgano judicial, en torno al 50 % de los monitorios en el orden civil está entrando orientado al dato en territorios como Murcia. Esperamos que pronto sea el 100 %.

Sin embargo, entiendo que los profesionales lo perciban con cierta tensión, ya que supone un cambio en la forma de trabajar. Desde el Ministerio, los animo a plantear todas sus dudas para apoyarles en esta labor. Y estamos encantados de recibir cualquier propuesta adicional.

También estamos mejorando la accesibilidad de la interfaz de Lexnet. Introduciremos pequeñas mejoras que pronto se irán conociendo.

Al hilo de ello, afirmaba en el debate: “La automatización va a ser la verdadera revolución, con o sin IA”.

Efectivamente, una de las revoluciones es la automatización. Y no sólo va a estar en inteligencia artificial, que es un componente fundamental. También en tecnologías como RPA, que ya se está usando en el Ministerio y que permite, por ejemplo, en el caso de las resoluciones de nacionalidad, que se realice la concesión en unos meses, cuando antes tardaba años.

La cancelación de antecedentes penales, por ejemplo, es otra iniciativa en la que la digitalización ha permitido ganar eficiencia. En el caso de los monitorios, la intención es que lo que llega orientado al dato lo haga en un fichero estructurado. De esta forma, las máquinas lo interpretan y pueden hacer el registro y reparto de manera automática, así como parte de la tramitación.

La intención es continuar con esta automatización en nuevos procedimientos judiciales, en especial en aquellos más sencillos.

¿Cuál es el estado de la interoperabilidad y cómo se está trabajando para fomentarla?

Es una cuestión fundamental. En los últimos años, se han puesto las bases para que sea una realidad.

Ejemplo de ello es el Hub de Interoperabilidad de Justicia, que permite intercambiar expedientes entre diferentes administraciones. Es decir, un expediente que está en un territorio de una comunidad autónoma que tiene sus propias competencias puede remitirse al Tribunal Supremo sin que tenga que viajar ningún papel, sino de forma digital y orientada al dato.

Carpeta Justicia es otro gran ejemplo. Así, toda la información de los profesionales, en su relación con el servicio público de Justicia (señalamientos, estados de los expedientes judiciales, apoderamientos…), está accesible a golpe de clic.

Además, estamos trabajando en colaboración con muchas comunidades autónomas de manera muy positiva, lo cual se agradece. Por tanto, mi mensaje es de paciencia para los operadores y los profesionales, porque muy pronto verán los frutos de la interoperabilidad.

¿Alguna comunidad autónoma se está quedando atrás? ¿O dirías que el avance es positivo, en general, aunque la situación varíe entre territorios?

Es positivo en prácticamente todas las comunidades autónomas y, por supuesto, en territorio ministerio. Hay casos de uso en todas las comunidades que valdría la pena mencionar.

Pero, sobre todo, es importante centrarse en la interoperabilidad. La “cogobernanza” se está articulando a través del Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica. Estamos consiguiendo que las decisiones sean acordadas y todas las comunidades y el Ministerio den su opinión sobre las distintas iniciativas a nivel tecnológico, así como la Fiscalía o el CGPJ cuando es necesario. Esta colaboración y “cogobernanza” está siendo muy positiva y ha venido para quedarse.

“Se ha puesto la semilla para ver los frutos en los próximos años”, señalaba sobre esa interoperabilidad en el debate.

Desde el punto de vista de los nodos centrales, la mayor parte ya están construidos, gracias en gran medida a los fondos Next Generation tras la pandemia. Pero de ahí a que estén plenamente operativos en todos los territorios pasará un tiempo, hay que terminar los trabajos que se están cometiendo.

Lo que hemos puestos son las bases, que pronto florecerán y se verán los frutos.

¿Percibes mucho rechazo al cambio? ¿Y por qué se da?

Es natural e inherente a la especie humana. A todos nos cuesta aceptar los cambios. Por tanto, requiere una gestión del cambio adecuada.

Desde el ámbito del Ministerio, se da formación a todos los territorios bajo nuestra competencia. También a los equipos de formación de los territorios transferidos, cuando son soluciones ofrecidas por el Ministerio, para que ellos puedan formar.  Y me consta que las comunidades autónomas también tienen sus propios equipos de formación.

Pero hace falta algo más. Tenemos que acostumbrarnos a que el cambio ocurre cada vez con más frecuencia, no sólo en el ámbito de Justicia, y hay que estar preparados para adaptarnos lo más rápido posible.

¿Por qué ocurre? Porque la tecnología avanza muy rápido y lo que hace unos años no era posible hoy lo es. Eso requiere una gestión con la que tenemos que familiarizarnos. Pero pienso en positivo y creo que todas estas iniciativas de digitalización pronto se verán como una oportunidad, más que como una amenaza.

En el debate se ha preguntado sobre la idoneidad, o no, de interponer sanciones a aquellos que no se sumen a los avances tecnológicos. ¿Lo ves una medida excesiva?

No es mi ámbito de responsabilidad, pero creo que no es la mejor solución. Se trata más de educación, de trabajar de manera colaborativa y de insistir en utilizar las herramientas digitales.

Por ejemplo, en la automatización de procedimientos monitorios, estamos insistiendo mucho desde el punto de vista estrictamente tecnológico. Las empresas legaltech que están integradas con Lexnet están respondiendo muy bien y se están adaptando rápido.

Pero siempre cuesta el último paso. El profesional, mientras tenga la opción de mandar el procedimiento monitorio como se mandaba antes, a veces se resiste a hacerlo de la nueva forma. Aunque la implantación está siendo positiva y se está aceptando bien.

La nueva ley de eficiencia, que plantea los MASC como requisito de procedibilidad, ha traído opiniones dispares. ¿Cuál es la suya?

Es un momento de cambio también en cuanto a los MASC, que igualmente hay que saber gestionarlo. Hasta que se consolide esta nueva forma de proceder, va a ser necesario tener un poco de paciencia para que se vayan aclarando las cosas.

No creo que sea una amenaza, más bien una oportunidad para trabajar en que se resuelvan los conflictos de manera más eficiente y rápida.