Notas sobre virtudes y riesgos de la implantación de la inteligencia artificial en la abogacía
Diego Fierro Diego Fierro, Letrado de la Administración de Justicia, y en estos momentos jefe del Área penal del Servicio Común de Ejecución de Málaga, se estrena como articulista en Derecho Práctico con este interesante, y oportuno, análisis del estudio en el mercado jurídico profesional 2026 impulsado por Grupo Tirant. Oportuno porque pone el foco en un aspecto crucial: si bien la adopción de la inteligencia artificial está siendo masiva, no siempre va acompañada de la valoración adecuada. Y esa distancia entre uso y valoración es la que debe corregirse.
Una adopción extendida que no agota el análisis
El estudio de posicionamiento de Tirant Prime en el mercado jurídico profesional de 2026, elaborado por Coto Consulting junto a la Universitat de València para el Grupo Tirant, indica que el 78,4 por ciento de los abogados ejercientes en España utiliza alguna modalidad de inteligencia artificial en su labor cotidiana. La cifra procede de una encuesta realizada a 760 profesionales y confirma una evidencia que los despachos venían constatando desde hace tiempo: estas herramientas ya no son una promesa de futuro, sino una realidad consolidada en la práctica profesional.
Sin embargo, el dato cuantitativo, por sí solo, no agota el análisis. La verdadera cuestión no es cuántos abogados utilizan inteligencia artificial, sino cómo la utilizan, con qué garantías y con qué límites. Y en ese terreno, el estudio ofrece conclusiones que merecen examinarse con detenimiento.
Las aplicaciones generalistas lideran la adopción con un 67,9 por ciento, por delante de las soluciones integradas en bases de datos jurídicas, que alcanzan un 26,3 por ciento, y de las herramientas de inteligencia artificial jurídica independientes, que se quedan en un 13,7 por ciento. Es decir, la mayoría de los profesionales utiliza herramientas de propósito general, no especializadas. Esa preferencia por lo general frente a lo especializado plantea interrogantes sobre la calidad de los resultados. Una herramienta generalista puede generar textos fluidos y aparentemente rigurosos, pero no garantiza la veracidad de las fuentes, ni la actualización normativa, ni la privacidad de los datos. Y en el ejercicio de la abogacía esos tres elementos son esenciales.
Uso frecuente, valoración desigual
El estudio constata que las plataformas de inteligencia artificial generalista concentran la mayor cuota de uso entre los profesionales del sector. Pero añade un matiz relevante: esa ventaja en adopción no se traslada al evaluar los parámetros críticos de la labor jurídica. Las inteligencias artificiales especializadas suelen lograr una valoración superior en términos de rigor, solvencia de fuentes, actualización continua y privacidad. La herramienta Sofía, desarrollada por Tirant e integrada en Tirant Prime, alcanza sus mayores calificaciones entre los letrados que la emplean como solución habitual: 8,28 sobre 10 en privacidad, 8,05 en actualización de contenidos y 8,03 en rigor técnico.
La conclusión es clara: más uso no significa necesariamente mejor valoración. Los abogados utilizan mayoritariamente herramientas generalistas porque son accesibles, gratuitas o de bajo coste, y porque están integradas en su entorno digital cotidiano. Pero cuando se trata de evaluar la calidad del resultado, las herramientas especializadas obtienen mejores puntuaciones. Esa distancia entre uso y valoración sugiere que muchos profesionales están utilizando herramientas que no les ofrecen las garantías que su actividad exige. La inteligencia artificial generalista es útil para tareas auxiliares, pero no puede sustituir a las bases de datos jurídicas especializadas cuando se trata de fundamentar una demanda, de citar jurisprudencia o de interpretar una norma.
El problema de las respuestas inventadas
El riesgo más evidente de la inteligencia artificial generalista en el ámbito jurídico es el de las respuestas que parecen rigurosas pero contienen datos falsos, citas inexistentes o referencias normativas desactualizadas. Un abogado que utilice una herramienta generalista sin verificar las fuentes puede incorporar a su escrito una sentencia que no existe, un artículo que ha sido derogado o una interpretación que ningún tribunal ha sostenido. Esa incorporación puede tener consecuencias graves: desde la pérdida de credibilidad ante el juez hasta la imposición de costas por temeridad.
La verificación de fuentes es, por tanto, una exigencia ineludible. Y esa exigencia es más fácil de cumplir con herramientas especializadas, que ofrecen la referencia exacta de la norma o de la sentencia y permiten al abogado comprobar su contenido. Las herramientas generalistas, en cambio, generan textos que suenan bien pero que no siempre se corresponden con la realidad. El abogado que no verifica asume un riesgo que puede costarle caro. La resolución del Tribunal Supremo que sancionó la inclusión de citas inexistentes en un escrito es un recordatorio de que la responsabilidad profesional no se diluye por el hecho de haber utilizado una herramienta tecnológica.
Confidencialidad y tratamiento de datos
El estudio también analiza la privacidad como uno de los parámetros críticos. En ese terreno, las herramientas especializadas obtienen mejores valoraciones que las generalistas. La razón es evidente: las herramientas especializadas están diseñadas para operar con datos jurídicos y ofrecen garantías de confidencialidad que las generalistas no siempre ofrecen. Un abogado que introduce en una herramienta generalista el nombre de su cliente, los hechos del caso o la estrategia procesal está exponiendo información confidencial a un tercero que puede almacenarla, utilizarla para entrenar sus modelos o cederla a otras empresas.
La protección de datos es una obligación legal que pesa sobre el abogado, y el uso de herramientas que no ofrecen garantías suficientes puede constituir una infracción. El Reglamento General de Protección de Datos exige que los datos personales se traten con las garantías adecuadas, y el secreto profesional impone al abogado un deber de reserva que no admite excepciones. El abogado que utiliza una herramienta generalista sin verificar sus políticas de privacidad está asumiendo un riesgo que puede comprometer la confidencialidad de la relación con su cliente.
Edad, hábitos y consulta de fuentes
El estudio constata una brecha generacional relevante. Mientras que entre los juristas menores de 35 años solo un 9,5 por ciento no utiliza soluciones de inteligencia artificial, este porcentaje se eleva hasta el 36 por ciento en la franja de los 55 años en adelante. Se observan también diferencias en el tipo de solución elegida: las herramientas integradas en plataformas jurídicas registran una penetración superior entre el colectivo sénior, que las emplea en un 32,8 por ciento, frente al 20,9 por ciento del segmento menor de 35 años. La brecha no es solo de uso, sino también de criterio. Los profesionales más jóvenes, que han crecido con la tecnología, tienden a utilizar herramientas generalistas con mayor naturalidad. Los profesionales mayores, que han construido su carrera sobre las bases de datos tradicionales, tienden a preferir las herramientas integradas en plataformas jurídicas, que les ofrecen la seguridad de las fuentes verificadas.
El estudio también analiza cómo la inteligencia artificial está transformando la interacción de los abogados con las bases de datos tradicionales. Entre los juristas habituados a la inteligencia artificial, un 43,3 por ciento afirma mantener sin cambios su volumen de búsquedas en plataformas especializadas, un 29,7 por ciento las ha reducido de forma moderada y un 16,9 por ciento reconoce una disminución más notable. Tan solo un 10,1 por ciento señala que la inteligencia artificial llega a reemplazar por completo, en ocasiones puntuales, la consulta a su base de datos habitual. El panorama dibuja un escenario donde la inteligencia artificial evoluciona las pautas de búsqueda y análisis en lugar de desbancar a los entornos especializados. Y ese es un dato positivo, porque sugiere que los abogados siguen confiando en las fuentes verificadas para fundamentar sus escritos.
Reflexiones finales
La implantación de la inteligencia artificial en la abogacía ofrece virtudes evidentes: agiliza la búsqueda de información, facilita la redacción de borradores, permite analizar grandes volúmenes de documentación y libera tiempo para tareas de mayor valor añadido. Pero también presenta riesgos que no pueden ignorarse: las respuestas inventadas, la desactualización normativa, la opacidad de las fuentes y la exposición de datos confidenciales. La forma de maximizar las virtudes y minimizar los riesgos pasa por elegir herramientas especializadas, verificar las fuentes, proteger la confidencialidad y mantener el criterio profesional como instancia última de decisión.
El estudio de Tirant revela que los abogados ya han adoptado la inteligencia artificial de forma masiva. Pero también revela que la adopción no siempre va acompañada de la valoración adecuada. Esa distancia entre uso y valoración es la que debe corregirse. La inteligencia artificial no sustituye al abogado, pero puede convertirse en su mejor aliada si se utiliza con rigor. Y el rigor exige fuentes verificables, privacidad garantizada y actualización permanente. Las herramientas especializadas ofrecen esas garantías. Las generalistas, no siempre. El abogado que quiera ejercer con dignidad y con responsabilidad debe saber distinguir unas de otras. Porque la tecnología es un medio, no un fin. Y el fin sigue siendo la justicia.