La encuesta de la marmota sobre digitalización en Justicia

Recientemente, hemos conocido el estudio del ICAM sobre el impacto de la justicia digital y algunos hemos tenido la misma sensación que Bill Murray y Andie MacDowell en el día de la marmota de la película ‘Atrapado en el tiempo’ (‘Groundhog Day’): volver una y otra vez al mismo diagnóstico.

A 22 de julio de 2026, los resultados son muy parecidos a los que ya publicamos en enero de 2024 a partir de una encuesta internacional a jueces dirigida por la profesora Tania Sourdin, de la Universidad de Newcastle (Australia), y el Dr. Brian Barry, de la Universidad Tecnológica de Dublín (Irlanda). Aquel estudio, auspiciado por la asociación americana Law & Society, con sede en la Universidad de Massachusetts, se extendió a España gracias a la colaboración de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y en él participé como investigador y traductor español.

Entonces, los jueces criticaban sin paliativos la calidad de los equipos de reproducción y vídeo para las teleconferencias en los juicios, el acceso a Internet en sala y el soporte técnico remoto, aspectos que calificaban como deficientes. Ahora, el 46,9 % de los abogados se declara insatisfecho o muy insatisfecho con el funcionamiento actual de la Justicia digital.

(Alfonso Peralta, autor del artículo, es Magistrado especializado en derecho tecnológico, y primer español y primer magistrado miembro del Comité Consultivo de IA de la Comisión Europea de Eficiencia de Justicia del Consejo de Europa. Consultor de la UNESCO para el Comité Global Toolkit AI and Rule of Law. Codirector del Máster «Digital Law and business tech» de Ediae- Escuela de Dirección y Altos Estudios. Colabora como experto en justicia digital con el Diario LA LEY).

Ambas notas de prensa tienen hasta frases análogas:

• “Aunque los jueces españoles reconocen su potencial, critican la calidad de los recursos electrónicos en la justicia”.
• “La abogacía madrileña no rechaza la transformación digital. Lo que rechaza es una digitalización concebida e implantada sin escuchar suficientemente a quienes utilizan diariamente los sistemas y tienen encomendada la defensa de los ciudadanos”.

Del mismo modo, los jueces consideraron que las videoconferencias no ofrecían una calidad suficiente de imagen y sonido, provocaban numerosas suspensiones y exigían mejoras concretas: distintos planos de zoom, cámaras adecuadas, interoperabilidad entre sistemas, conexiones estables y soporte informático presencial.

Los abogados, en la misma línea, ponen el foco en los documentos incompletos o mal incorporados, mencionados por el 57,7%. A ello se suman las dificultades de acceso a grabaciones o archivos audiovisuales (51,5 %), las diferencias de funcionamiento entre juzgados o territorios (49,4 %), la dificultad para localizar documentos (48,9 %) y la ausencia o deficiencia del índice electrónico (42,8 %). El principal riesgo identificado por los letrados son los problemas técnicos durante la vista, señalados por el 68,3 %.

Tanto jueces como abogados demandan formación de calidad sobre los sistemas de gestión procesal e intervención y participación de los profesionales en sus diseños.

En definitiva, se reclama una tecnología de calidad: estable, segura, confiable y capaz de funcionar sin desconexiones, caídas del servicio ni incidencias recurrentes. También se exige un expediente digital real, no un mero escaneo de documentos acumulados en innumerables carpetas.

En Andalucía, donde ejerzo como magistrado, llevamos varios años con @Adriano como sistema de gestión procesal y desde su implantación, su funcionamiento ha sido extraordinariamente problemático. Apenas pasa una semana sin incidencias en un sistema que ha costado más de 20 millones de euros a los ciudadanos andaluces. Y ello pese a que los arts. 97 y ss. del Real Decreto-ley 6/2023, de eficiencia digital, regulan la posibilidad de reutilización de tecnología entre administraciones. ¿No habría sido mejor implantar Avantius o Minerva, aunque fuera con una portada verde, y además a menor coste? No obstante, aunque en menor medida, otros sistemas tampoco se libran de las quejas numerosas y recurrentes sobre su falta de fiabilidad, estabilidad y calidad.

Quizá, además, las administraciones públicas deberían exigir desarrollos y resultados de calidad, incorporar cláusulas penales en las adjudicaciones para los supuestos de productos informáticos defectuosos e, incluso, valorar la reclamación de responsabilidad frente a las adjudicatarias tecnológicas o su penalización en futuros contratos.

Como explico también en mi último libro, “La Transformación de la Justicia a través de la Inteligencia Artificial: Análisis comparado mundial y 40 propuestas rupturistas”,  se está haciendo justo al revés de cómo debería. Sin una participación real de jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados o procuradores en la ideación, el diseño, las pruebas y la implementación, las empresas tecnológicas ofrecen soluciones listas para usar a unas administraciones que las asumen y compran sin evaluar suficientemente si son necesarias, confiables o adecuadas.

Si por el contrario, el problema se encuentra en los contratos y las empresas se ciñen a los mismos, la participación de los operadores jurídicos debe anticiparse al diseño de las soluciones y herramientas de Justicia digital, incluso hasta la propia configuración contractual cuando sea necesario. Porque, a la vista de los resultados, las administraciones públicas no siempre parecen capaces de diseñar contratos ajustados a las necesidades, problemas y soluciones que exige la Justicia.

Para una verdadera transformación digital, el primer paso es identificar los puntos débiles, de dolor, fricciones, problemas y necesidades reales escuchando a los actores involucrados y los conocedores del funcionamiento y gestión de la organización, en este caso, la Administración de Justicia. En la mayoría de las ocasiones, y más en Justicia, no se requiere la última tecnología, sino que se requiere identificar bien el problema que se pretende resolver.

En definitiva, los problemas actuales de la Justicia solo pueden explicarse por dos causas probablemente concurrentes:

• O bien los contratos se ejecutan con mala calidad, errores y software defectuoso, lo que debería llevar a las administraciones a velar por un mejor uso del dinero público exigiendo soluciones y mejoras, e incluso penalizando o reclamando responsabilidad civil a las empresas que entregan software no apto ni idóneo para el uso contratado.
• O bien las administraciones públicas no han sabido identificar las verdaderas necesidades, problemas y oportunidades de la Administración de Justicia porque no han escuchado debidamente a los actores involucrados, no han aprovechado su experiencia y no los han incorporado al diseño, desarrollo e implantación de los programas y soluciones digitales.

Probablemente, ambas cosas.

Como advertía Patricia Frade en este mismo medio, la participación de los actores implicados no puede reducirse a una validación tardía, cuando el contrato ya está adjudicado y el proyecto prácticamente cerrado. Escuchar al final no es participar: es pedir conformidad sobre una solución que ya no puede corregirse, mejorarse ni enriquecerse con la experiencia de quienes la utilizarán a diario.

Ese análisis de contexto debe hacerse antes de contratar y desarrollar. Primero, identificar los procesos clave; después, medir qué actuaciones tienen mayor volumen, mayor retorno y más beneficiarios; y, por último, valorar qué oportunidades exigen más recursos o más tiempo de implantación. Sin ese trabajo previo de contexto, planificación y complicidad con los profesionales, la digitalización corre el riesgo de convertirse en una sucesión de herramientas caras para problemas mal definidos.

Por eso, antes de digitalizar conviene conocer el terreno y auditar los procesos. Porque hay que recordar que no hay que digitalizar todos los procesos. Quizás lo primero es suprimir algunos de ellos.  Peter Drucker lo formuló con una advertencia que encaja de lleno en la Justicia digital: «No hay nada tan inútil como hacer de manera eficiente algo que no debería hacerse en absoluto». La eficiencia solo tiene valor cuando se aplica a tareas necesarias; si se aplica a trámites inútiles, solo acelera el despilfarro.

Por último, las administraciones públicas deberían asumir una obligación real de rendición de cuentas sobre los sistemas que compran, implantan o desarrollan. Esa responsabilidad exige un ciclo de mejora continua —planificar, hacer, verificar y actuar— con supervisión permanente, medidas correctivas, actualizaciones y ajustes que garanticen que la tecnología sigue siendo útil, fiable y productiva para quienes trabajan cada día en la Justicia.

Y si la medición del retorno demuestra que el sistema no funciona, la decisión también debe estar prevista: retirarlo. Por obsolescencia, por falta de utilidad, por inestabilidad o por defectos persistentes. Y en su caso, adoptar las medidas de reclamación de responsabilidades o de penalización a los contratistas correspondientes. La transformación digital no consiste en mantener vivo cualquier programa por el simple hecho de haberlo pagado, sino en tener el coraje de apagar y reconocer lo que no sirve (y quizás no ha servido nunca). Porque una Justicia digital que obliga a convivir indefinidamente con sistemas fallidos no es transformación: es la marmota, otra vez, saliendo de la madriguera.