El coste de digitalizar sin transformar en Justicia
Patricia Frade Patricia Frade, nuestra colaboradora experta en Justicia y Tecnología, analiza en este artículo el estudio promovido por el Colegio de la Abogacía de Madrid para conocer el impacto real de la Justicia digital sobre el trabajo cotidiano de la abogacía. Y entre todas sus ideas sobresale una: digitalizar no siempre equivale a transformar.
Una nueva herramienta entra en funcionamiento en un Órgano Judicial. El abogado accede para preparar una actuación, pero los documentos aparecen desordenados y nadie sabe cómo resolver la incidencia. El sistema está disponible. El procedimiento sigue. Y los plazos no se detienen.
¿Ha fallado la tecnología? Tal vez. Aunque también pueden haber fallado la implantación, la formación, el soporte o el propio diseño del proceso.
Esa escena resume el primer estudio promovido por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid sobre el impacto de la Justicia digital en sus colegiados. No expresa un rechazo a la modernización sino muestra la distancia entre incorporar herramientas y transformar de verdad el Servicio Público de Justicia.
(En la imagen, Patricia Frade, autora del artículo)
Más allá del expediente judicial electrónico
El expediente judicial electrónico ocupa un lugar central en este estudio. Los profesionales relatan dificultades para acceder a actuaciones, localizar documentos, consultar grabaciones o reconstruir la secuencia del procedimiento.
No es una simple molestia informática. Si impide preparar una vista, estudiar una prueba, valorar un recurso o cumplir un plazo, afecta al derecho de defensa.
Pero el problema no termina en el expediente. La Justicia digital comprende gestión procesal, comunicaciones, presentación de escritos, videoconferencias, acceso remoto, interoperabilidad, ciberseguridad, compliance y protección de datos. Y ahora también Inteligencia Artificial.
Aunque los sistemas intercambian información, el conjunto sigue generando fricciones cuando se solapan aplicaciones o conviven órganos con distintos niveles de implantación y madurez digital.
Digitalizar no siempre equivale a transformar
El Real Decreto-ley 6/2023 concibe el expediente judicial electrónico como un conjunto ordenado de datos, documentos, trámites, actuaciones y grabaciones, con un índice electrónico. Integridad, accesibilidad, seguridad e interoperabilidad son condiciones para que cumpla su función procesal.
La Ley Orgánica 1/2025 impulsa otra reorganización mediante los Tribunales de Instancia, las Oficinas Judiciales y las OJMs. Para ello se necesita de la tecnología para compartir servicios y racionalizar recursos. Pero ninguna plataforma corrige por sí sola una organización fragmentada ni unifica criterios dispares.
Si un procedimiento complejo se digitaliza sin revisarlo, obtenemos el mismo problema en formato electrónico. La transformación exige mover a la vez tecnología, procesos y personas. Si una pieza queda atrás, el cambio se atasca.
Ni toda culpa es de la herramienta ni del usuario
No toda dificultad tecnológica demuestra un mal diseño. Hay fallos de estabilidad, acceso o interoperabilidad que deben corregir la Administración o el proveedor. En otros casos pesan la falta de formación, de criterios comunes o de gestión del cambio.
Culpar siempre a la tecnología empobrece el diagnóstico pero también culpar al usuario puede esconder defectos reales. Hay que analizar cada nivel y repartir responsabilidades.
Una herramienta intuitiva fracasa sin acompañamiento porque la formación inicial sirve de poco sin soporte posterior y un sistema técnicamente impecable será inadecuado si no entiende el trabajo procesal.
La alfabetización digital no consiste meramente en aprender cada botón. Implica conocer los límites de la herramienta, detectar incidencias, conservar evidencias, proteger la información y evitar un perjuicio procesal.
Ese aprendizaje alcanza a abogacía, procura, jueces, fiscales, LAJs, Oficinas Judiciales, responsables públicos y los desarrolladores: saber programar no equivale a comprender el proceso judicial.
La Inteligencia Artificial eleva la exigencia
Con la IA, el debate se vuelve inaplazable. El estudio del ICAM y el Libro Blanco sobre IA y Abogacía advierten de los riesgos para el control humano, la confidencialidad, la transparencia y el derecho de defensa. La Circular 3/2026 del CGAE añade la obligación profesional de verificar los resultados y asumir la responsabilidad final.
Por tanto, las respuestas no pueden reducirse a prohibir, autorizar o declarar su uso sino que hace falta alfabetización en IA: saber qué aporta y qué no garantiza, verificar resultados, identificar alucinaciones, proteger el secreto profesional, evitar tratamientos indebidos de datos y documentar la intervención humana.
La misma exigencia recae sobre quien contrata estos sistemas. Antes de introducir IA, hay que definir qué problema resuelve, con qué datos trabaja, qué error admite, quién la supervisa y cómo puede revisarse o impugnarse.
El control humano no puede quedar en una firma al final del proceso. Debe ser real: una persona con conocimientos, tiempo y autoridad para cuestionar el resultado. De poco sirve anunciar que existe supervisión si nadie puede explicar por qué se aceptó una recomendación automatizada o qué ocurrió cuando la herramienta se equivocó.
La transparencia tampoco exige revelar secretos empresariales y ofrecer información suficiente para comprender la intervención del sistema y ejercer, cuando proceda, el derecho de defensa.
No habrá una Justicia algorítmica fiable sobre datos incompletos, mal ordenados o sin trazabilidad. El cambio empieza después de la implantación.
El análisis del ICAM dibuja una hoja de ruta más amplia que renovar aplicaciones: sistemas estables, expedientes completos, índices útiles, canales para comunicar incidencias y protocolos que eviten perjuicios procesales. También formación continua, soporte y evaluación durante la implantación.
La participación de la abogacía es esencial por el conocimiento procesal que aporta. Deben sumarse la procura, el personal judicial, especialistas en seguridad y protección de datos, analistas de negocio y proveedores.
Una plataforma no transforma nada al entrar en producción. El cambio empieza cuando sus usuarios entienden su finalidad, confían razonablemente en ella y pueden trabajar con seguridad jurídica.
La Justicia digital no falla solo cuando cae un sistema. También cuando nadie explica el cambio, no existe acompañamiento o sus resultados no se evalúan. Transformar no es acumular herramientas, sino alinear tecnología, procesos y personas con criterio jurídico, responsabilidad y garantías.