El uso de la IA en los despachos abre un nuevo debate: quién controla los datos y dónde se procesan

¿Qué ocurre con un contrato, un documento interno o un escrito judicial cuando se introduce en una herramienta de inteligencia artificial? ¿Dónde se procesa esa información, quién puede acceder a ella y bajo qué legislación se encuentra protegida? Estas preguntas son parte del debate europeo sobre la seguridad y la soberanía digital.

La preocupación por la protección de los datos personales y los ciberataques forma parte de este contexto. Según el Eurobarómetro del Parlamento Europeo publicado en febrero de 2026, el 68 % de los ciudadanos europeos manifiesta una gran preocupación por la protección de sus datos personales en internet y el 66 % por los ciberataques procedentes de países de fuera de la Unión Europea.

La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) en 2026 volvió a poner el foco en los riesgos asociados a las dependencias digitales y a los ataques a proveedores y cadenas de suministro, que amplían la superficie de exposición de las organizaciones. En paralelo, la Comisión Europea trabaja en criterios para evaluar la soberanía de los servicios en la nube que van más allá de la ubicación física de los servidores e incluyen la jurisdicción, la cadena de suministro, la autonomía tecnológica y la seguridad.

El debate tiene una aplicación directa en el ámbito jurídico. Los despachos recurren cada vez más a herramientas de inteligencia artificial para analizar contratos, preparar documentos y trabajar con información empresarial o datos personales que pueden estar amparados por el secreto profesional. Sin embargo, la rapidez con la que se incorporan estas tecnologías no siempre va acompañada de criterios claros sobre su utilización.

Según el estudio Inside the Legal Mind 2026, el 31 % utiliza inteligencia artificial a diario y el 28 % semanalmente, mientras que el 39 % afirma que ni él ni su organización dispone de directrices para su uso. El reto, por tanto, no consiste únicamente en aprovechar las posibilidades de estas herramientas, sino también en establecer condiciones para proteger la información con la que trabajan.

En este contexto, Maite.ai, una inteligencia artificial especializada en el ámbito jurídico, constituye un ejemplo de desarrollo tecnológico europeo. La compañía afirma que su infraestructura y los sistemas que intervienen en el procesamiento de la información se encuentran en la Unión Europea y que trabaja con servidores propios dedicados. Según explica, su tecnología identifica los fragmentos relevantes de los documentos para elaborar respuestas a las consultas de los usuarios.

La empresa también asegura que los documentos de sus clientes no se utilizan para entrenar ni actualizar modelos de inteligencia artificial. De acuerdo con Maite.ai, el sistema extrae la información necesaria para responder a cada consulta y entrega el resultado en la cuenta del usuario. La compañía señala, además, que aplica mecanismos destinados a proteger la documentación y evitar su trazabilidad directa.

En materia de seguridad, Maite.ai, ahora parte del grupo Doctrine, propiedad de RELX, matriz de LexisNexis, publica información sobre sus medidas y certificaciones en su portal de confianza. La empresa indica asimismo que está en proceso de certificación en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

La ubicación de los servidores es, sin embargo, solo una parte de la ecuación. La protección efectiva de los datos también depende de las condiciones contractuales, los proveedores que intervienen, los controles de acceso y las políticas de conservación de la información. Por eso, evaluar una herramienta de inteligencia artificial exige conocer no sólo dónde opera, sino también qué ocurre con los datos durante todo el proceso.

La elección de estas tecnologías empieza así a formar parte de la gestión del riesgo de las organizaciones. En sectores donde la confidencialidad es esencial, comprender quién procesa la información, bajo qué condiciones y con qué garantías resulta tan relevante como las funcionalidades que ofrece la propia herramienta.