Algoritmos, vigilancia y poder empresarial: claves jurídicas de la nueva relación laboral digital
Marcos Iglesias Lefebvre celebró el Congreso Laboral 2026, un encuentro de referencia en que destacados expertos del ámbito del derecho laboral, empleo, trabajo y Seguridad Social analizaron las principales novedades legislativas y jurisprudenciales. La nueva edición se centró en cuestiones cruciales como el nuevo panorama laboral, la ordenación del tiempo de trabajo, el nuevo SMI, la IA y los controles empresariales o el proceso laboral. Marcos Iglesias asistió a la mesa dedica a la IA, los algoritmos y los controles empresariales, y esta es su crónica. (En la imagen, Juan Pujol, Rosa Visiedo y Antonio Sempere en el Congreso Laboral de Lefebvre 2026).
El Congreso Laboral Lefebvre puso de relieve los principales desafíos a los que se enfrenta el Derecho del Trabajo en el contexto de la transformación digital, prestando especial atención a las plataformas digitales, la prueba en entornos tecnológicos y el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones laborales. En particular, la tercera mesa temática, dedicada a la inteligencia artificial, algoritmos y controles empresariales, contó con la participación de Rafael A. López Parada, Pilar Menor y Raúl Rojas.
En relación con las plataformas digitales, se subrayó su papel como sistemas informáticos que intermedian entre empresas y trabajadores en mercados no siempre equilibrados. Estas plataformas operan mediante algoritmos y sistemas automatizados de asignación de tareas, lo que plantea importantes interrogantes en torno a la determinación de la naturaleza jurídica de la relación laboral. En este sentido, se destacó que la concurrencia de notas clásicas como la dependencia, la ajenidad y el control empresarial (aunque se ejerza de forma algorítmica) puede conducir al reconocimiento de una relación laboral, en línea con la evolución normativa reciente.
Un aspecto especialmente relevante fue el análisis de los mecanismos de control empresarial, abordado por Raúl Rojas, quien centró su intervención en la problemática de la prueba en el proceso laboral. Se destacó que la validez de la prueba no depende únicamente de su contenido, sino de su obtención conforme a Derecho, debiendo respetar en todo caso los derechos fundamentales del trabajador, en particular el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.
En este contexto, se abordó de forma específica el recurso a detectives privados, cuya utilización ha sido admitida por la jurisprudencia siempre que supere el juicio de proporcionalidad. Se subrayó que el informe de detective puede constituir una prueba válida e incluso determinante, pero su licitud exige que la medida sea idónea, necesaria y proporcionada, evitando injerencias ilegítimas en la esfera privada del trabajador. Asimismo, se analizó la problemática de la prueba videográfica ilícita o dudosa y su incidencia en el despido, destacando que la vulneración de derechos fundamentales puede determinar la nulidad de la prueba y afectar a la calificación del despido.
Otro de los ejes tratados fue la transparencia interna en el uso de algoritmos, en relación con la creciente utilización de sistemas automatizados en la toma de decisiones empresariales. Se puso de manifiesto la necesidad de garantizar mecanismos de control y conocimiento por parte de los trabajadores, especialmente cuando estas herramientas inciden directamente en sus condiciones laborales.
La intervención de Pilar Menor constituyó uno de los puntos más relevantes de la mesa, al ofrecer una visión crítica sobre el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito laboral. La ponente destacó que la IA está transformando profundamente el mercado de trabajo, generando nuevas formas de empleo y alterando los esquemas tradicionales de organización empresarial, lo que incrementa la incertidumbre jurídica.
En particular, advirtió sobre los riesgos derivados del uso de sistemas automatizados en la toma de decisiones laborales, especialmente en términos de opacidad, falta de control humano y posible afectación de derechos fundamentales. Asimismo, puso de relieve los problemas asociados al uso de datos en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, señalando que en muchos casos estos pueden no cumplir plenamente con las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos.
Finalmente, la ponente defendió la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y de garantizar la intervención humana en los procesos decisorios, subrayando que la inteligencia artificial no debe entenderse únicamente como una herramienta de eficiencia, sino como un elemento que puede alterar el equilibrio de poder en la relación laboral. En este sentido, abogó por una adaptación del marco normativo que permita compatibilizar la innovación tecnológica con la protección efectiva de los derechos de los trabajadores.