«No podemos pedir al ciudadano que acate aquello que no puede entender»

Teníamos muchas ganas de hablar con Cristina Carretero sobre lenguaje jurídico comprensible, que además está de algún modo vinculado al legal design, cada vez más en boga. Cristina es profesora de Derecho Procesal y de Oratoria y Redacción Jurídicas y Empresariales en la Facultad de Derecho y en la ICADE Bussines School de la Universidad Pontificia Comillas, y además es representante de Clarity International en España, una red mundial de profesionales comprometidos con la promoción de un lenguaje legal claro.

Cristina, me comentabas en el preámbulo lo innecesario que resulta el uso de fórmulas como el ‘suplico’…

Es un buen ejemplo para ver cómo enfocar el tema de la claridad y qué demandas reales hay por parte del legislador. Por ejemplo, cuando la Ley de Enjuiciamiento Civil, regula cómo tienes que hacer una demanda, lo único que te exige es que tenga ciertas partes estructuradas con ciertos requisitos. Pero cuando llegas a la petición final, donde tienes que concretar tu pretensión, no te dice en ningún momento que emplees la palabra ‘suplico’ porque lo que hay que reflejar es tu petición y no exige una etiqueta o título predeterminado. La palabra ‘suplico’ se sigue utilizando por la tradición o costumbre de hacerlo y la mayoría de los abogados no se han planteado cambiarla, probablemente porque desconocen que no es obligatoria, o porque acuden a repertorios de formularios en los que te encuentras al final un ‘suplico’, o bien porque no han reparado en su anacronismo. Pudo tener sentido hace muchos años cuando había otra forma de ejercer la justicia, pero hoy en día parece una petición medieval y no la solicitud de realización de un acto incardinado en un servicio público.

Por otra parte, si entras en la web del Consejo General del Poder Judicial para descargarte modelos de demandas, cuando llegas a la última parte del documento, en la que normalmente aparece la palabra ‘suplico’, en este caso se indica ‘pido’, algo lógico, sencillo y adaptado a los tiempos, que, por otra parte, todo el mundo puede entender.

Pero realmente, como dices, existe ese uso vinculado a la tradición. ¿No utilizar esa fórmula puede predisponer al abogado frente a un juez?

El propio Poder Judicial está enviando el mensaje a la sociedad de que cuando redactes una demanda, te propone que en esa parte indiques “pido”, como modelo.  Si algún juez se predispone contra ti por ese motivo, que me parecería realmente muy extraño, es que desconoce lo que el Consejo General del Poder Judicial está ofreciendo a la ciudadanía, precisamente, como fórmula.

Eres representante en España de Clarity, una red de profesionales comprometidos con la promoción del lenguaje legal claro. Háblanos un poco de vuestras acciones.

Clarity tiene como objetivo trabajar por la claridad en el ámbito jurídico. Se fundó hace unos años por un abogado al que se sumaron otros letrados que creían que otra comunicación jurídica era posible. La idea era garantizar la transmisión de los mensajes del derecho a toda la comunidad de una manera comprensible. Sus miembros hemos ido trabajando en esta línea, sumando profesionales que colaboran con la justicia y el derecho y ampliando el número de asociados en más de cincuenta países y exponiendo diversos resultados en congresos y en su revista.

Todos tratamos de explicar qué es el lenguaje jurídico claro y sus ventajas y lo hacemos de modos diversos. En mi caso, lo hago a través de distintas vías, una más científico-profesional, con la formación directa de juristas en esta cuestión en grado o máster o la formación de otros profesionales; la investigación científica universitaria, con libros, artículos, conferencias y otras actividades relacionadas; y la colaboración institucional pública y privada con ministerios, consejos, colegios o con la realización de informes para quien lo requiere a través del Centro de Innovación del Derecho, CID-ICADE de nuestra universidad. Y otra vía más divulgativa, con participación en conferencias, actos y con asociaciones que están preocupadas por conseguir una comunicación jurídica cercana y comprensible.

¿Vuestra capacidad de influencia a través de asociaciones como Clarity cala más en países del norte de Europa que en España?

Esa influencia se nota más en los países que empezaron antes. Por ejemplo, Suecia empezó en los años 60, por lo que lleva muchos años buscando la claridad en el lenguaje. Tras Suecia, los países anglosajones son los que más han abanderado esta causa. De hecho, Barack Obama, en 2010, promulgó una ley para que se implementara el lenguaje claro en sus políticas y en su legislación. Un paso muy interesante es el que se ha dado en América Latina: Chile, Argentina y Colombia, por ese orden, han adoptado las denominadas redes de lenguaje claro, mediante las cuales se unen importantes instituciones de cada uno de estos países y adoptan políticas conjuntas para que en aquellos asuntos que de ellos depende (por ejemplo, Poder Judicial, Academia de la Lengua o Facultades de Derecho) puedan decidir, por ejemplo, enviar propuestas a sus magistrados para que, a su vez, estos puedan adoptar resoluciones lo más claras posibles para la ciudadanía. Todo esto indica que vamos encaminados hacia la claridad, pero algunos países, como el nuestro, son más reacios a escuchar esas propuestas, están muy anclados en la tradición y les cuestan los cambios.

La cuestión fundamental es que hay dos sectores prioritarios que se deben movilizar: uno es el formativo, desde las universidades principalmente, para que los juristas podamos conseguir que nuestros estudiantes se expresen claramente tanto de modo técnico como de modo coloquial y más comprensible al comunicarse con clientes y otras personas no juristas, y otro es el parlamentario. Si los parlamentos no deciden hacer leyes más claras, el resto de instituciones, como el ejecutivo y su administración, tienen muchos argumentos para no adoptar estas políticas de claridad.

Pero la transparencia, muy asociada a la claridad en el lenguaje, es un valor al alza…

Y ambas deben impregnar todo aquello que precise ser entendido y después cumplido por la ciudadanía.

Creemos que para el abogado es importante abordar la claridad en el lenguaje jurídico como una habilidad. Se trata de comunicarse técnicamente con otros juristas, pero con un cliente y con otras personas es importante hablar de una forma cercana y clara para generar confianza.

Así es, y de hecho, el Consejo General de la Abogacía Española solicitó que realizáramos un curso de formación (que quedó disponible en www.abogacia.es) para tratar el tema de la oratoria y redacción jurídica claras.

Muchos hemos escrito sobre estos temas para intentar concienciar, y diversos Colegios de Abogados han colaborado en esa divulgación organizando charlas en sus sedes. Son pasitos pequeños pero firmes e imparables, y, desde luego, esto no tiene vuelta atrás: en el futuro estoy segura de que hablaremos más claro y se nos percibirá como un colectivo comunicativamente más cercano.  Va a costar mucho porque hay un peso de la tradición muy grande y algunas reticencias. Un buen número de juristas se niegan a adoptar nuevas formas de comunicar el derecho, no entienden bien la razón de todo esto, pero al final debemos pensar en qué siglo estamos y no podemos olvidar que el modo fundamental de comunicarse con la mayoría de las personas es utilizar, precisamente, un lenguaje más asequible. Acerca de las reticencias, diría que no las tengan, porque no se trata de expresarse siempre de modo llano, no; en realidad, solo se trata de sumar, es decir, al ya tradicional modo de expresarnos técnicamente, podemos utilizar, con fluidez, otro modo coloquial y cercano, más sencillo y explicativo; debes “traducir” lo complejo y especializado a un lenguaje comprensible.

La ciudadanía de hoy, los jóvenes y ya muchos adultos, cada día tenemos una comunicación más rápida, más sencilla, porque los canales de comunicación que utilizamos son muy rápidos. La combinación de sencillez y rapidez pasa por una comunicación más cercana y accesible.

Creo que con el lenguaje jurídico pasa lo mismo que con el software: lo difícil es hacer las cosas sencillas…

He visto correos electrónicos de abogados a sus clientes completamente impresentables: algunos me han llegado por parte de clientes para que se los “traduzca”. Esto no debería ocurrir jamás. Sabemos que no se nos ha formado para contemplar siempre dos registros comunicativos, pero todos podemos aprenderlo en cualquier momento. Si a los propios juristas nos cuesta a veces entender las leyes, no podemos pedir al ciudadano que acate aquello que no puede entender. Los abogados deben saber que hay estudios que prueban que si una persona te entiende bien, generas confianza y va a recurrir muchas más veces a ti. Más allá del éxito del caso concreto, la fidelización de ese cliente será más natural porque habrás allanado el camino de la comunicación con esa confianza que se produce al comprender a la persona a la que encomiendas la defensa de tu caso.

Las universidades son un factor clave…

Creo que son fundamentales. Se está abriendo paso poco a poco la formación en habilidades y competencias comunicativas, aunque en ellas la claridad no siempre está presente. En la mayoría de los casos se trabaja para estructurar correctamente un mensaje, y no tanto en hacerlo claro.

En la Universidad Pontificia Comillas comenzamos a estudiar y a trabajar esta cuestión hace ya quince años a través del grupo de investigación “Derecho y Lenguaje”. Personalmente, en mis clases, muestro cómo trabajar con ese doble registro comunicativo y seguiremos perseverando en ello con convencimiento y empeño y lo aplicaremos como innovación docente. Se ofrece al alumno un texto jurídico real y se le pide que lo haga comprensible. Cuando escriban a un cliente o le expliquen cualquier cuestión jurídica, no le puedes hablar, por ejemplo, de reconvención, sino de la vía procesal que se abre para que el demandado tenga la oportunidad de pedir algo a quien se lo ha pedido primero a él en juicio. Y todo esto tiene que ser entrenado en la Facultad con los propios profesores de derecho en nuestras clases.

En la Facultad de Derecho de la UCM hay un proyecto de innovación docente, en el que he colaborado sobre lenguaje jurídico claro, con el objetivo de enseñar al alumno que hay otra forma de comunicarse mediante el lenguaje jurídico claro. Y en la Universidad de Castilla La Mancha, hay otro proyecto, CRIMIJOV (grupo de investigación de criminología y delincuencia juvenil), con el que también colaboro, que está trabajando con lenguaje jurídico claro y accesible. Y cada día somos más profesionales de disciplinas jurídicas los que abordamos la claridad del lenguaje del Derecho.

La práctica del legal design está ganando muchos adeptos. ¿Consideras necesario  complementar el conocimiento jurídico con el diseño de documentos legales fáciles de comprender para la ciudadanía? Hemos visto cómo se aplica ya en los Términos y Condiciones de muchas páginas web, por ejemplo.

Encaja muy bien como complemento, como una herramienta añadida. El recurso visual es tremendamente importante. Si puedes ofrecer el documento o el servicio jurídico en letras y con un diseño que va a entrar mejor por los ojos y que lo va a hacer más comprensible, me parece fundamental. Eso sí, pensando bien cuándo y cómo, porque el recurso visual es muy claro cuando resulta adecuado.

También el periodismo legal debe jugar un papel esencial…

Muy importante, porque al final los ciudadanos, conocemos la mayoría de las cuestiones jurídicas a través de los medios de comunicación. Todos los que os dedicáis a comunicar y divulgar cuestiones jurídicas tenéis una gran responsabilidad. De hecho, cuando se creó la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico en el seno del Ministerio de Justicia, las recomendaciones que surgieron como fruto de su trabajo se han dirigido a tres colectivos muy claros: a las instituciones, a los profesionales y a los medios de comunicación. A un juez le va a leer el demandante, el demandado, quien busque jurisprudencia en una base de datos y poco más. Pero a los medios os leen un incontable número de personas y en cualquier sitio del mundo. Por ello el medio debe publicar tras informarse y contrastar debidamente y, sobre todo, ser claro para que quien te lea, te entienda. No se puede hacer una política pública de lenguaje claro sin los medios de comunicación.

Danos un ejemplo de un comunicador que se haya mojado en esta causa, y dinos si tenéis alguna línea de trabajo con ACIJUR.

Hay varios, pero quiero destacar a los periodistas que participaron en el libro que elaboramos numerosos autores: “El Derecho en los medios de comunicación”, como María Peral, entre otros, que creen y trabajan de manera efectiva con lenguaje jurídico claro. También quiero mencionar especialmente al periodista Luisja Sánchez, porque está muy concienciado, y a la periodista Almudena Vigil Hochtleitner, quien expresa la necesidad de este lenguaje jurídico claro en el libro ‘Noticias las justas’ y me consta que lo promueve. Con ACIJUR (Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos) aún no hemos llevado a cabo acciones, y poder hacerlo sería una interesante experiencia.